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¿Quiénes somos?

El Pozo de Vida es una Organización No Gubernamental que lucha contra la trata de personas en México y Centroamérica. Estamos comprometidos con la prevención, intervención, y restauración de niños, familias y comunidades que son vulnerables a este crimen, para que puedan experimentar libertad y un nuevo comienzo en la vida. 

 

Actualmente tenemos 9 proyectos que nos permiten tener influencia a nivel nacional en México, así como ser referencias en un nivel continental; somos partes de la Coalición Regional contra el Tráfico Humano y Tráfico de Migrantes en Latinoamérica y el Caribe.

¿Cómo traemos libertad?

Aprende más acerca de nuestro modelo de atención y la forma en la que confrontamos la trata de personas.

Somos un libro abierto

Descarga nuestros reportes de impacto para descubrir  cómo utilizamos los fondos que recibimos. Creemos firmemente en la transparencia y responsabilidad. 

En 2019 fuimos una de las cuatro entidades elegidas para recibir la primera Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas,  otorgada por el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. Esta medalla fue creada para reconocer individuos u organizaciones que sobresalgan en su área de trabajo, defendiendo a las víctimas de diversos crímenes y protegiendo sus derechos para lograr que reciban justicia.

Crime Prevention and criminal justice alliance

Somos miembros de The Crime Prevention & Criminal Justice Alliance, una red global de organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGs) reconocida como una entidad consultiva por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y activa en la prevención del delito y la justicia penal operando a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Coalición Regional contra la trata de personas

Somos la única organización en México que brinda asesoría técnica para la Coalición Regional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT), un grupo formado por 9 países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana, realizando esfuerzos hacia la prevención, detección, derivación, persecución de ambos delitos. y la atención integral a las víctimas de trata de personas y a las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes.

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